OMPRESS-NICARAGUA (14-12-22) Es el título del informe publicado por la organización inglesa Christian Solidarity Worldwide, que pone el acento sobre la falta de libertad religiosa en el país centroamericano. El pasado 8 de diciembre se llegaba incluso a prohibir una procesión con motivo de la Inmaculada.

La celebración de la Inmaculada en Nicaragua es única, con lo que se conoce como “La Gritería”. Una tradición que se remonta a 1857, poco después de la declaración del dogma, con las primeras novenas que comenzaron en la Iglesia de San Francisco de la ciudad nicaragüense de León. El día 7 de diciembre, víspera de la solemnidad, los católicos celebran con alegría en todos los hogares  nicaragüenses a la Purísima Inmaculada Concepción, Patrona de Nicaragua. Una festividad que se acompaña con cantos, pólvora y brindis de frutas, dulces y refrescos típicos. La gente recorre las calles al anochecer del 7 de diciembre y se detiene en las casas que tienen altares confeccionados especialmente para ese día. Al acercase a la puerta, gritan “¿Quién causa tanta alegría?” y la gente contesta desde dentro, contesta: “¡La Concepción de María!”.

La parroquia San José de Tipitapa de la Arquidiócesis de Managua informó el 28 de noviembre que la policía prohibía la procesión prevista de la Inmaculada Concepción. “Queremos expresar nuestra profunda tristeza por esta acción que nos niega expresar nuestra fe en público”, explicaba la parroquia en un comunicado publicado en su página de Facebook. La parroquia había planeado un programa completo de actos que comenzaba el 28 de noviembre, inicio de la novena, y que concluiría en la fiesta de la Inmaculada, con misas diarias, rosarios, predicando sobre temas marianos y rezando la novena por la Inmaculada Concepción. El padre Dulio Calero, párroco de la parroquia San José de Tipitapa, invitó a los católicos a “seguir celebrando con fervor y devoción a la Virgen y a participar en cada una de las actividades de estos días, poniendo todo bajo su protección y maternal intercesión por nuestro país y la Iglesia”.

El informe que acaba de presentar Christian Solidarity Worldwide, “Nicaragua: sociedad civil bajo asedio”, cubre un período de doce meses que comienza en noviembre de 2021 y se basa en documentación de primera mano recopilada en el terreno. Las violaciones documentadas incluyen detenciones arbitrarias, denegación de entrada a Nicaragua o expulsión forzada del país, amenazas, hostigamiento, cancelación forzada de actividades religiosas, confiscación de bienes y cancelación arbitraria de la personalidad jurídica a organizaciones de la sociedad civil, incluidas muchas de carácter religioso. El informe explora en profundidad la forma en que el gobierno de Nicaragua bajo el liderazgo del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha reforzado su control del poder e intensificado los esfuerzos para erradicar las voces críticas del país. Los medios de comunicación independientes, incluidos los canales de radio y televisión vinculados a grupos católicos y protestantes, se vieron obligados a cerrar.

Tanto los líderes religiosos católicos como los protestantes son seguidos, acosados y amenazados, regularmente, y el gobierno coloca informantes en las comunidades para conocer el contenido de las oraciones y los sermones. Se ha informado de visitas de agentes del gobierno, algunos uniformados y otros de civil, que amenazan con violencia o encarcelamiento por lo manifestado en un servicio religioso. La convocatoria “orar por la situación de Nicaragua”, por ejemplo, se interpretó como un ataque al gobierno. Al menos 12 sacerdotes y líderes laicos han sido arbitrariamente detenidos y encarcelados o puestos bajo arresto domiciliario este año. Según el informe, un pastor protestante que fue detenido y encarcelado en diciembre de 2021 se encuentra aislado en una celda de castigo.

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina también publicaba recientemente un informe que detalla los casi 400 ataques a la Iglesia Católica en Nicaragua desde 2018 hasta 2022. En marzo, la dictadura expulsó al nuncio apostólico, Mons. Waldemar Stanisław Sommertag, y actualmente mantiene bajo arresto domiciliario al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Varios sacerdotes han sido arrestados y encarcelados en El Chipote, una prisión conocida por torturar a los opositores al régimen.