OMPRESS-MADRID (8-09-22) El pasado martes, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunciaba que Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag, expulsado de Nicaragua por el gobierno del país, había sido nombrado por el Papa Francisco nuncio en Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Mauritania. Doctor en derecho canónico, ingresó en el servicio diplomático del Vaticano el 19 de junio de 2000 y ha tenido como destinos Tanzania, Bosnia y Herzegovina, Israel y Nicaragua.

Mons. Sommertag fue expulsado de Nicaragua el 6 de marzo de este mismo año. En un comunicado la Santa Sede expresaba su sorpresa y consternación ante la medida que imponía la nuncio el abandono inmediato de Nicaragua. Llegado a Nicaragua en 2018 había desempeñado un papel relevante como mediador ante las tensiones que ha estado viviendo el país y que se han agudizado aún más si cabe tras la expulsión del Nuncio. La Santa Sede manifestaba en su comunicado que la medida resultaba “incomprensible ya que, durante su misión, S. E. Mons. Sommertag ha trabajado incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables, buscando siempre favorecer las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las Autoridades de Nicaragua. Merece particular mención su participación como testigo y acompañante de la Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y la Oposición política, en vista de la reconciliación nacional y de la liberación de los presos políticos. Convencida de que esta grave e injustificada decisión unilateral no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua, profundamente cristiano, la Santa Sede desea reafirmar su plena confianza en el Representante Pontificio”.

Lo cierto es que la persecución de los católicos y de la Iglesia, como defensora de los más débiles, por parte de la dictadura nicaragüense sigue agravándose. En agosto, al obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez, se le impidió durante días salir de su cancillería y luego fue secuestrado en medio de la noche por policías y llevado a Managua, donde permanece bajo arresto domiciliario en una casa familiar. Al grupo de sacerdotes, seminaristas y un laico que estaban dentro de la cancillería con Mons. Álvarez también se les impidió salir y fueron secuestrados esa misma noche y llevados a El Chipote, un penal en Managua conocido por torturar a opositores al régimen. Medidas que han suscitado el lógico rechazo de la comunidad internacional y la preocupación de las Conferencias Episcopales de diversos países como Cuba, Chile y Costa Rica.