OMPRESS-NICARAGUA (29-06-22) Las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta son acusadas por el régimen nicaragüense de irregularidades administrativas para proceder al cierre de sus actividades, en un contexto de ataques a la Iglesia católica y de cierre de organizaciones de la sociedad civil que se consideran “opositoras”.

Las Misioneras de la Caridad llevan cuarenta años en el país centroamericano desde que comenzaran sus actividades el 16 de agosto de 1988, tras una visita de la misma Madre Teresa de Calcuta. Llevan adelante sus actividades asistenciales sobre todo a través del Hogar Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Granada, donde se acoge a adolescentes de entornos difíciles a los que ayudan a tener un futuro con esperanza; y en la misma capital, Managua, un asilo de ancianos, un proyecto de refuerzo escolar para estudiantes en situación de riesgo, y una guardería para familias sin recursos. Como han señalado varias instancias, el cierre de estas actividades dejará literalmente “en la calle” – el régimen no ha previsto nada al respecto – a todas las personas ayudadas por las hermanas.

Las Misioneras de la Caridad forman parte de las 101 organizaciones cerradas este fin de semana por el gobierno de Nicaragua, que se suman a las ya cerradas en los últimos años, nada menos que 758. Todas con el mismo método de negarles su personalidad jurídica. En mayo se cerró el Instituto Juan XXIII, vinculado a la Universidad Centroamericana (UCA), que ayudaba a casi 400.000 personas con sus programas de vivienda, de proyectos integrales de ecología y, sobre todo, de salud. Hay que recordar que la Compañía de Jesús fue una de las instituciones que más respaldó las protestas de estudiantes y trabajadores de hace cuatro años, cuya represión provocó centenares de muertos.

Desde entonces se ha tratado de controlar toda actividad libre de la sociedad civil. Un control que se extiende a los medios de comunicación con la clausura, hace 15 días del canal 51 de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y que ha pasado a ser “administrado por la sociedad Celeste Audiovisual, que administra canal 13 y es dirigido por dos hijos de la pareja presidencial”, según denuncian diversos medios. Al cierre o apropiación de este canal se suma ahora el cierre de TV Merced, otro canal católico en la diócesis de Matagalpa. Ha habido detenciones de sacerdotes y hostigamiento a obispos.

No obstante, como ya se denunció el año pasado, el deterioro más terrible fue el cambio de leyes procesales penales, con la ampliación, desde 48 horas a 15 ó 90 días, el plazo para que una persona sea detenida sin una acusación formal. Lo que deja en manos de la policía del régimen el determinar ese plazo. Esta crisis de derechos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha denunciado esta situación, “tiene su base en un estado fuera de toda legalidad, que vigila, amenaza y hostiga, además del debilitamiento de las instituciones en aras de la concentración del poder”. Y hace dos semanas, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señalaba con respecto a Nicaragua: “Desde mayo, la policía reanudó el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente”.