OMPRESS-PARAGUAY (30-11-21) Los obispos de Paraguay han dirigido una carta abierta a los Poderes del Estado y al Ministerio Público de Paraguay, en la que expresan su indignación “ante los desalojos forzosos y las amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinas en diversas zonas del país”.

Uno de los casos recientes implica a la comunidad indígena Cerrito, una comunidad que ha contado con el apoyo de las Siervas del Espíritu Santo. Las misioneras han denunciado los intentos de desalojo ilegal de esta comunidad en mayo 2021 y, nuevamente esta semana. Compuesta por casi noventa familias, esta comunidad indígena ocupa un territorio de unas mil setecientas hectáreas, inscrita en el registro público a nombre de un hacendado, a pesar de ser las tierras de posesión ancestral de estos indígenas, en las que han tenido casas, cultivos, bosques, y todo lo necesario para el desarrollo de su cultura. Derechos todos ellos sancionados por la misma Constitución de Paraguay y por los tratados internacionales firmados por el país. Desgraciadamente, la situación de esta comunidad no es ni mucho menos un caso único.

Todo ello ha motivado a los obispos y a otros representantes de la Iglesia paraguaya a alzar su voz. En su carta colectiva, los obispos pedían “que se proteja la vida de los más vulnerables, asegurando que, en sus reclamos legítimos o en disputas por conflictos de propiedad, estos no se vean perjudicados o postergados en favor del poder económico de otros”. Siempre respetando “los derechos de los pueblos originarios y las leyes que los regulan, en su sentido de asegurar la igualdad y la no discriminación, la autonomía, el acceso a la justicia con respeto al derecho consuetudinario indígena, la protección a sus territorios y a los recursos naturales para su sustento”.

Exigen, sobre todo, que se “priorice la atención del derecho a la tierra y a la propiedad para todos los paraguayos, disponiendo los recursos necesarios para desarrollar una política integral de reforma agraria, promoviendo la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y los derechos humanos, así como iniciativas, que aseguren la protección de la ecología en una economía sana, sustentable, solidaria y sostenible. Es la hora de poner fin a la miseria, a la extrema pobreza y a las prácticas que lastiman la cohesión social, el bien común y la salud en nuestra casa común”.