OMPRESS-NICARAGUA (20-12-23) El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció este lunes el cierre de su misión permanente en Managua, “a petición de las autoridades nicaragüenses”. La Cruz Roja se convierte así en la última organización en ser expulsada por el régimen establecido en Nicaragua por Daniel Ortega. En realidad se expulsa a la Cruz Roja “internacional” puesto que la Cruz Roja nicaragüense fue disuelta por el gobierno, que por supuesto confiscó sus instalaciones, con acusaciones de haber asistido y apoyado las multitudinarias manifestaciones de 2018. Ese año la el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió autorización del régimen para abrir una misión en Nicaragua centrada en “objetivos exclusivamente humanitarios”. En marzo de 2022, el régimen ya había expulsado de Nicaragua al delegado residente del Comité Internacional, Thomas Ess.

En marzo de este año el gobierno nicaragüense cerraba la Nunciatura de la Santa Sede en Managua. Era lo que parecía el clímax de la tensión entre la Iglesia y la dictadura, que comenzó con las protestas contra las medidas adoptadas por el régimen en abril de 2018 y la brutal represión que causó casi 300 muertos. Comenzó entonces un continuado hostigamiento contra la Iglesia católica, sus instituciones y congregaciones religiosas, por haber albergado a los manifestantes que huían de la represión en iglesias e instituciones educativas. Pero en junio la policía ocupaba el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, de las Hijas de Santa Luisa de Marillac, aplicando el mismo camino seguido contra las Misioneras de la Caridad anteriormente. Y en agosto se revocaba el status jurídico de la Compañía de Jesús en el país y la dictadura se apropiaba de todos los bienes de la misma. Su objetivo principal, era la Universidad Centroamericana, uno de los principales refugios de los manifestantes de 2018.

Este lunes, 18 de diciembre, la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, intervenía en Ginebra para denunciar que en Nicaragua continúan la violaciones de los derechos humanos: “El Gobierno ha atacado sistemáticamente a dirigentes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas por expresar opiniones diferentes. Muchos están en el exilio, sin posibilidad de regresar. Quienes permanecen en Nicaragua están en constante amenaza o enfrentan una serie de graves violaciones de derechos humanos, y la impunidad es la norma”.

La funcionaria de la ONU no dudaba en ilustrar hasta qué punto llega la demencia de la dictadura nicaragüense: “Ilustrativo del actual ambiente coercitivo es el caso de una mujer arrestada en abril pasado solo por imprimir una camiseta con el lema ‘Viva Nicaragua libre’. Durante dos meses fue privada de su derecho a recibir visitas familiares. Ahora solo puede recibir la visita de sus hijos de 1 año y 8 años una vez al mes durante 45 minutos, teniendo que viajar ambos durante 4 horas para llegar al penal “La Esperanza”. Nuestra Oficina también documentó la detención arbitraria de cuatro personas, entre ellas tres estudiantes, que protestaron pacíficamente por el cierre de la Universidad Centroamericana. Estas personas fueron declaradas culpables de delitos de drogas en noviembre pasado en procesos que carecieron del debido proceso y respeto por las garantías de un juicio justo. Un hombre de 70 años que criticaba verbalmente al Gobierno en su tienda fue detenido y sometido a una desaparición forzada durante más de un mes. Un académico que criticaba al Gobierno en sus redes sociales también fue detenido a finales de noviembre y se desconoce su paradero”.

Y concluía: “Cada día el país se desvía aún más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la gente, provocando el éxodo de jóvenes y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas. Hago un llamado a Nicaragua para que revierta inmediatamente este rumbo y lleve a cabo un cambio fundamental para el interés de su pueblo, sustentado en los derechos humanos”.