OMPRESS-BRASIL (29-01-19) El pasado 20 de enero, tuvo lugar una concentración en Manaos, la capital del Estado brasileño de Amazonas, para protestar contra la Medida Provisional 870 del presidente brasileño Jair Bolsonaro, que transfiere los poderes de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) al Ministerio de Agricultura. “Ni una gota de sangre más”, gritaban los manifestantes, lema de la campaña “Sangre indígena, ni una gota más”, que se lanzó por todo el país para defender los derechos de los pueblos indígenas.

La concentración fue convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Manaos y Medio Ambiente (COPIME) y ha recibido apoyo de diferentes organizaciones y agencias, incluyendo la Caritas Archidiocesana de Manaos, el Servicio de Acción, Reflexión Iglesia Católica y Educación Socio ambiental (SARES) y el Consejo Indígena Misionero (CIMI).

Según el diácono Alfonso Oliveira, Secretario Ejecutivo de Caritas de Manaos, Caritas “ha apoyado siempre a la Pastoral Indígena como Pastoral Social, respaldando a los movimientos indígenas que se movilizan hoy reivindicando lo que es justo, sus derechos que están siendo amenazados”. Turi Sateré, presidente de COPIME señaló que la Medida Provisional 870 significa “un total genocidio para los pueblos indígenas de Brasil”, porque abre “la Amazonia al agronegocio, a la minería en tierras indígenas, a la explotación, y eso la gente no lo quiere”. Como señalaban algunos líderes indígenas, “Nuestros territorios somos nosotros, estamos en el agua, en el viento, en el bosque”. A la acusación contra los indios, “mucha tierra para poco indio”, se señalaba que el 13% del territorio es tierra indígena, mientras que el 60% está ya en manos del agronegocio.

El propio Procurador de la República en el Estado de Amazonas para las poblaciones indígenas y comunidades tradicionales, Fernando Merloto Soave, acusó al gobierno de no respetar la Constitución Federal, ni el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que afirma que los indígenas y las poblaciones tradicionales tienen que ser consultadas. El procurador destacó que “cambiar toda una estructura de un órgano indigenista sin ni siquiera consultar a las entidades, sin dialogar, no forma parte de la observancia de la Convención de la OIT de la que Brasil es hoy signatario. Es necesario que esto lo revise el gobierno, de una manera democrática, dialogada, o si eso no es posible, judicialmente”.