OMPRESS-NICARAGUA (2-06-23) Esta vez ha sido la Asociación Hijas de Santa Luisa de Marillac en el Espíritu Santo, la que ha sido suprimida, tras la ocupación por parte de la policía del “Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac”. Se trata de un paso más en el hostigamiento a las instituciones de la Iglesia católica en el país centroamericano. Las Misioneras Hijas de Santa Luisa Marillac explicaban a Vatican News que todas estaban bien y que ninguna había sido deportada de Nicaragua. El instituto está ubicado en San Sebastián de Yalí, en el departamento de Jinotega, y está administrado por seis religiosas.

Se les ha aplicado la misma política que ha llevado a la supresión de cientos de instituciones de enseñanza y asistencia, una de las primeras fue la vinculada a las Misioneras de la Caridad de la Madre Tersa de Calcuta. Se les acusa entre otras cosas de no haber informado de “sus estados financieros, periodo fiscal 2022”. El gobierno de Nicaragua acordó además: “el destino de los bienes muebles e inmuebles (…) corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”. Es decir una apropiación de bienes privados en toda regla. Esta medida tiene lugar después de la congelación de las cuentas de varias diócesis nicaragüenses.

Desde 2021 son muchas las asociaciones católicas de caridad, medios de comunicación comunitarios, escuelas, centros de enseñanza y hasta universidades católicas que han sido suprimidas por el régimen sandinista que, por supuesto, se ha incautado sus bienes e inmuebles.

En febrero se condenaba a 26 años de cárcel al obispo de Matagalpa, Mons. Rolando José Álvarez, acusado de conspiración, propagación de noticias falsas, obstrucción y desacato a la autoridad. El obispo había denunciado los abusos a los derechos humanos en Nicaragua, acusándola de actuar contra la oposición, manipular elecciones a su favor y cerrar medios de comunicación independientes. En 2022, el gobierno de Nicaragua también expulsó del país al Nuncio Apostólico y a 18 religiosas de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Además, se han cerrado numerosos medios de comunicación católicos. El pasado 8 de febrero, el gobierno quitó la ciudadanía y desterró a cinco sacerdotes, un diácono y dos seminaristas. Una práctica que ha utilizado contra otros disidentes que, de esta forma, se convierten en “apátridas”, una medida que va contra todos los acuerdos internacionales y las disposiciones de Naciones Unidas, que no ha dejado de denunciar la deriva dictatorial del país.