OMPRESS-INDIA (23-09-21) Continúan el acoso y las amenazas contra los cristianos en muchos estados de la India. Los del estado de Madhya Pradesh, en el centro del inmenso país, han pedido al presidente de la India que los proteja ante la amenazas de los activistas hindúes de demoler sus iglesias. Así lo declaraba a la agencia católica UCA News el obispo Paul Muniya de la Iglesia protestante Shalom, en el distrito de Jhabua, en el que la mayoría de población es tribal: “Los activistas hindúes en su mayoría de Vishwa Hindu Parishad, e han fijado una fecha límite para demoler nuestras iglesias, el 26 de septiembre, alegando que son estructuras ilegales”

El Vishwa Hindu Parishad, el “Consejo Universal Hindú”, la organización de extremista que está detrás de la mayor parte de ataques y hostigamientos ha amenazado a los cristianos indígenas para que no practiquen el cristianismo y vuelvan al hinduismo. “Entregamos un memorando al presidente indio Ram Nath Kovind a través de su representante en el distrito el 17 de septiembre solicitando su intervención urgente para garantizar la seguridad de los cristianos indígenas”, explicó el obispo Muniya, quien añadió que los funcionarios locales se han puesto del lado de los grupos extremistas y han acosado también a los cristianos, que representan un 4% de los más de un millón de habitantes del distrito, lo que ha llevando un aumento de la violencia contra los cristianos. El padre Maria Stephan, representante de la Iglesia católica en Madhya Pradesh, señalaba que tanto la administración fiscal como la policial del distrito tenían prejuicios contra los cristianos. “Los cristianos aman la paz”, apuntaba, y estas amenazas abiertas de demoler iglesias son “una tendencia muy peligrosa”.

Se tiene constancia de que el 26 de agosto, un superintendente de la policía del distrito, en una carta a las comisarías de policía, emitió instrucciones para ayudar al Vishwa Hindu Parishad a cerrar las supuestas salas de oración cristianas “ilegales” y a detener las llamadas actividades de conversión religiosa en el distrito. De manera similar, el 13 de septiembre un funcionario del distrito ordenó a los sacerdotes cristianos que se presentaran ante él y explicaran la naturaleza de sus actividades religiosas antes del 22 de septiembre. El funcionario también buscaba detalles de sus nombramientos como sacerdotes e información sobre las actividades de conversión. También les pedía que certificaran si ellos mismos fueron convertidos mediante la seducción o la fuerza, mientras amenazaba con iniciar acciones judiciales contra cualquier conversión ilegal.

El padre Stephan explicaba que no tenían “ninguna objeción a compartir detalles oficiales sobre nuestro trabajo y personal con el gobierno, siempre que la intención sea la correcta”. Pero declaró que era injusta una investigación que solo se centrara en los sacerdotes cristianos: “¿La administración ha buscado información similar de sacerdotes de otras religiones? No es más que un intento de aterrorizar a las minorías cristianas en el estado”. El padre Stephan defendió que no hubo conversiones por ningún medio ilegal, puesto que la elección de la religión es un derecho constitucional de cada individuo.