OMPRESS-BUENOS AIRES (20-03-20) La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, integrada por curas, religiosos y religiosas “villeros” entre otros, denuncian los problemas que sufren villas y asentamientos que rodean la capital argentina. En el comunicado de ayer 19 de marzo, “La necesidad de medidas sanitarias urgentes para villas y asentamientos”, recogen problemas que desgraciadamente afectan a todas las “villas miserias” del planeta. Uno de los firmantes es José María Di Paola, más conocido como Padre Pepe, designado por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, nuestro Papa Francisco, como Coordinador de la Comisión Nacional de Drogodependencia del Episcopado Argentino en 1997 y que hoy sigue trabajando como párroco en estas zonas. El comunicado dice así:

“La declaración de pandemia efectuada con fecha 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, en virtud del número de personas infectadas por el virus COVID-19 a nivel global, y la decisión presidencial del 12 de marzo (DECNU-2020-260-APN-PTE – Coronavirus COVID-19) ampliando la declaración de emergencia pública en materia sanitaria, nos lleva a reflexionar necesariamente en torno a la eventual expansión y circulación local del virus en la población de las villas y asentamientos precarios, en los cuales también se ha expandido el dengue y la tuberculosis.

En nuestros barrios, las responsabilidades del Estado se acentúan en cuanto a la vulneración de derechos sociales de manera preexistente, que se patentiza en omisiones con respecto a la provisión de vacantes escolares, vivienda, alimentos, medio ambiente, y obviamente asistencia sanitaria. La escuela, la vivienda y la salud están muy deterioradas, los espacios de promoción (entre ellos las artes y el deporte, por ejemplo) se vuelven inaccesibles ante la crisis económico-financiera, donde el desempleo y el subempleo crece, mientras la capacidad de contención estatal y de la sociedad civil baja notoriamente.

En nuestros barrios las ambulancias no ingresan si no es con una fuerza de seguridad, las vacantes escolares de nivel inicial y nivel primario son insuficientes. El incentivo para mantener la escolaridad secundaria es insuficiente desde los organismos estatales. El sistema de salud se limita a la atención primaria. Actualmente, a esta injusticia social naturalizada, que evidencia una vulneración preexistente de derechos, se suma la epidemia de dengue en muchos barrios ante la falta de medidas preventivas por parte del Estado durante el invierno, y se agrega la eventual expansión y circulación local de un virus de alto contagio, y fuerte comorbilidad.

Muchas de las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades sanitarias gubernamentales en materia de dengue (no acumular agua) o en materia del “Coronavirus” (lavarse las manos varias veces por día con agua y jabón, usar alcohol en gel, limpiar superficies de contacto frecuente con agua y lavandina, aislarse catorce días ante la presentación de síntomas, entre otras), resultan de imposible o de muy difícil cumplimiento, en barrios donde existe un fuerte déficit de agua potable, de calidad de agua segura, y donde muchas personas viven en los pasillos de los barrios sin acceso a condiciones elementales (adolescentes y jóvenes afectados por el paco, por ejemplo), y solamente acceden a la alimentación a través de comedores comunitarios.Existe una responsabilidad comunitaria, y de la propia iglesia cristiana, que llevamos adelante promoviendo y articulando acciones. Sin embargo, la responsabilidad estatal no puede diluirse ni eximirse por el trabajo de muchas vecinas y vecinos que ponen el cuerpo a quienes más sufren en las villas y asentamientos.

Desde esta Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión queremos expresar nuestra alta preocupación al no visibilizarse una política pública destinada a determinar cómo se dará cumplimiento a las medidas preventivas sanitarias que difunden las autoridades gubernamentales, tendientes a resguardar el derecho a la salud de la población de nuestros barrios, donde existe una vulneración preexistente de los derechos sociales. Pedimos a los poderes ejecutivos nacional, provinciales y municipales que adopten medidas específicas para villas y asentamientos, tendientes a poder cumplir con las medidas preventivas sanitarias, estableciendo las condiciones de hábitat que son necesarias, y brindando la prestación de los recursos materiales necesarios en salubridad, higiene, agua segura y alimentación a la población, en especial a los comedores comunitarios que no pueden dejar de brindar su asistencia a adultos y niños.

En materia de salud específicamente, es necesario —durante esta emergencia— ampliar los días (a sábado, domingo, y feriados) y los horarios de atención de los Centros de Salud cercanos a nuestros barrios; como también contemplar que los módulos hospitalarios móviles —anunciados por las autoridades nacionales—, se ubiquen en las cercanías de villas y asentamientos. Entendemos que las circunstanciales actuales de la emergencia sanitaria en nuestros barrios (COVID-19 y dengue) nos ha sobrepasado a todas y a todos, por lo que corresponde priorizar la búsqueda de acuerdos y las propuestas de soluciones, para cual proponemos la inmediata conformación de mesas de trabajo o comités de crisis en cada jurisdicción del país, con participación vecinal, que permitan consensuar y efectivizar medidas eficaces en nuestros barrios”.