OMPRESS-NICARAGUA (25-06-24) En un informe de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos se apunta a la represión de los mismos por parte del gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. Una represión que tiene entre sus objetivos a los líderes indígenas y la libertad religiosa.

La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, señalaba el pasado jueves, 20 de junio, que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua “sigue siendo motivo de grave preocupación. El Gobierno continúa ampliando restricciones indebidas a los espacios cívicos y democráticos, al tiempo que profundiza su control sobre el poder judicial y lo utiliza para implementar una campaña sistemática de represión”.

“Las acciones del Gobierno han resultado en una negación perversa del Estado de derecho, con todas las instituciones del sistema de justicia siendo utilizadas para perseguir a sus opositores reales o percibidos”, señalaba la funcionaria de Naciones Unidas. Treinta personas –cinco mujeres y 25 hombres–han sido detenidas desde marzo de 2024 en el contexto de una represión del espacio cívico. En total, al menos 23 mujeres y 108 hombres siguen detenidos. “Las detenciones ilegales y arbitrarias suelen ir seguidas de juicios que no cumplen con las garantías básicas del debido proceso y un juicio justo”, afirmó Nada Al-Nashif. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado 11 juicios virtuales celebrados sin garantías procesales adecuadas desde la última actualización del Consejo en marzo de 2024.

“En este entorno de represión sostenida, los opositores políticos, líderes indígenas y religiosos, académicos e intelectuales detenidos se encuentran recluidos en condiciones carcelarias inhumanas, lo que aumenta el sufrimiento de las víctimas y sus familias”, destacó Al-Nashif. Y añadió que “los informes recibidos por nuestra Oficina incluyen casos de detenidos en aislamiento prolongado, sin acceso a atención médica, medicamentos y artículos de higiene ni a visitas familiares”, dijo. En algunos casos, las autoridades incluso se han negado a reconocer el hecho de la detención, como en el caso del diputado a la Asamblea Nacional y líder indígena. Brooklyn Rivera.

La Alta Comisionada Adjunta explicaba que la detención en régimen de incomunicación y la desaparición forzada constituyen graves violaciones de derechos humanos, que ponen en grave riesgo el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de los detenidos. Las autoridades nicaragüenses también han seguido persiguiendo a miembros y líderes de sectas religiosas, atacando sus instituciones en contravención del derecho a la libertad de religión. Varias celebraciones católicas fueron canceladas durante la Semana Santa por temor a represalias, informó la Oficina de Derechos Humanos. Desde marzo de 2024, ocho asociaciones adscritas a iglesias evangélicas han cesado sus actividades bajo presión o han sido despojadas de su personalidad jurídica. Esto eleva el número total de asociaciones evangélicas disueltas a 311 desde 2019.

La funcionaria de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a las autoridades nicaragüenses “para que liberen de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente; permita la comunicación y visitas de abogados y familiares a todas las personas detenidas; y restauren los derechos de todos aquellos privados arbitrariamente de su nacionalidad”. Ha concluido que “proteger el espacio cívico y democrático y reconstruir las instituciones del Estado de derecho son los primeros pasos para revertir la grave erosión de los derechos civiles y políticos que Nicaragua ha sufrido desde 2018”.

La Iglesia católica entró en conflicto con el régimen de Ortega después de brindar apoyo espiritual y protección a los manifestantes que salieron a las calles en 2018, exigiendo la destitución del presidente. Posteriormente, los sacerdotes acompañaron a las familias de los presos políticos. En su momento se expulsó al nuncio del Papa y se cerró la nunciatura, se han expropiado instituciones e inmuebles, entre ellos la Universidad Centroamericana de la Compañía de Jesús. El gobierno ha quitado además la ciudadanía y desterrado a religiosos, opositores y cualquiera que denuncie la deriva del régimen. Se convierten en “apátridas”, una medida que va contra todos los acuerdos internacionales y las disposiciones de Naciones Unidas. Al igual que Al-Nashif, Michelle Bachelet, Volker Türk, y otros altos funcionarios de la ONU no han dejado de denunciar la situación cada vez más preocupante que se vive en el país.