OMPRESS-REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (31-05-21) Mientras se viven las consecuencias de la erupción del volcán Nyiragongo que puede provocar 400.000 desplazados, la Red de Paz para el Congo hace un balance muy negativo de la militarización de todo el este del Congo, tras más de 20 años de violencia. La población cercana a Goma sigue sufriendo terremotos de hasta 4,5 en la escala de Richter, con casa que caen como castillos de arena. Como explicaban desde Caritas Congo, el daño causado por la erupción volcánica es colosal. Miles de personas han abandonado sus hogares, sobre todo de la ciudad de Goma, a solo 10 km del volcán. Un desplazamiento masivo en una región que todavía se está recuperando de dos brotes de Ébola, de la pandemia de covid y de muchos años de conflicto, donde ya había inseguridad alimentaria y más de cinco millones de personas se encuentran desplazadas por desastres y conflictos anteriores.

A esto se suma que el 6 de mayo, para resolver la inseguridad del este del Congo, el presidente del país, Félix Tshisekedi, confería plenos poderes a los militares en Ituri y Kivu Norte, precisamente donde está enclavado el volcán Nyiragongo y la ciudad de Goma. Red de Paz para el Congo es una asociación que tiene su origen en los misioneros italianos de esta zona del este del país, y tiene una larga trayectoria de ser la voz de los sin voz que en esta región del Congo abarca a la mayoría de la población. Acaba de hacer público una nota valorando esta medida de militarización tras casi un mes de su implantación.

Red de Paz explica que “parece sorprendente confiar plenos poderes a los militares, cuando las fuerzas de seguridad nacionales parecen ser responsables de casi la mitad de los actos de violencia cometidos”. En un informe del pasado marzo, el Comité Conjunto de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (BCNUDH) señalaba que el 47% de las violaciones de derechos humanos son cometidas por agentes del Estado, es decir, miembros del ejército y la policía, y el 53% restante de los distintos grupos armados. “Haber otorgado plenos poderes a los militares es, por tanto”, explica la nota, “motivo de gran preocupación no solo para las organizaciones de defensa de los derechos humanos, sino también para la propia población local”. Especialmente porque las medidas tomadas en el contexto del estado de sitio, o ley marcial, han sido especialmente radicales. Según Human Rights Watch, “las autoridades militares pueden realizar allanamientos en domicilios particulares tanto de día como de noche, evitar publicaciones y reuniones que puedan considerarse violaciones del orden público, restringir la circulación y el movimiento de personas y detener a cualquier sospechoso de alteración del orden público. Además, los tribunales militares sustituirán a los civiles, lo que es contrario a las normas nacionales e internacionales”.

Red de Paz para el Congo también recuerda que “muchos soldados del ejército congoleño son ex miembros de grupos armados que se han integrado allí tras sucesivos acuerdos de paz entre el gobierno y los propios grupos armados. La integración de ex miembros de grupos armados en el ejército siempre ha sido un fracaso, tanto por su falta de profesionalidad y disciplina, como por su tendencia a volver a desertar”. Por eso, señalan que “intentar reconstruir la paz con los mismos actores que llevan veinte años sembrando el caos es una apuesta arriesgada para el presidente Tshisekedi”. La solución militar no tienen en cuenta que “las causas de la inseguridad son, de hecho, muchas: ausencia de autoridad estatal, explotación ilegal de los recursos naturales, conflictos territoriales, rivalidades políticas, fracaso de los programas de desarme, desmovilización y reintegración”.