Cada dos días muere un líder indígena en la Amazonia

OMPRESS-BRASIL (16-04-21) Es lo que denuncian las organizaciones indígenas, que han visto como en el 2020 tenía lugar un incremento del 67% en los asesinatos, con respecto al año anterior, en lo que consideran una Emergencia de Derechos Humanos. El miércoles, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones miembros de los nueve países amazónicos hacían pública la “Declaratoria de Emergencia de Derechos Humanos para defensoras y defensores indígenas de la Amazonía: Sangre en la selva, exigimos justicia.”

Denuncian el aumento de asesinatos de los líderes indígenas que trabajan en defensa del territorio, del medioambiente y de los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica. En 2020 se registraron 202 asesinatos en Colombia, Brasil, Perú y Bolivia: cada dos días ha sido asesinado un defensor de la Amazonia. Una cifra de asesinatos en el 2020 que es un 67% mayor a la registrada en 2019, año en el que 135 defensores ambientales y de territorios perdieron la vida. Los asesinatos han continuado este 2021, con 16 muertes en Colombia y Perú.

“El dramático aumento de asesinatos en el marco de la pandemia, ha puesto en peligro a los defensores indígenas y sus comunidades, al tiempo que pone en riesgo la selva tropical más grande del mundo y la biodiversidad que protegemos”, explicaba José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de COICA. El representante indígena exigió a los gobiernos y a las instancias internacionales que actuaran para proteger a los defensores y a las comunidades, para no ser “cómplices de un etnocidio”. Se han dirigido por ello a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En este comunicado, como responsables directos de la seguridad y de la vida de sus ciudadanos a los nueve países, a los gobiernos de los nueve países amazónicos, les exigen “adoptar una política efectiva de protección de los derechos humanos de las defensoras y defensores indígenas de la Amazonía”, además de investigar las actividades extractivistas ilegales en territorios indígenas, que en muchos casos están detrás de estos asesinatos. Todo en el respeto a los acuerdos adoptados, de “respetar los procesos de autonomía y autogobierno territorial de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica”.