OMPRESS-REPÚBLICA DOMINICANA (13-03-24) El misionero dominico Miguel Ángel Gullón Pérez, envía una reflexión sobre una lucha en la que está implicada desde hace años la comunidad de los dominicos de El Seibo, una provincia del este de la República Dominicana donde la caña de azúcar da frutos amargos. Esta comunidad lleva trabajando desde 1960 en esta zona con más de 90.000 habitantes de los que el 20% son inmigrantes haitianos. Ha habido un empobrecimiento progresivo debido a que más del 70% de la tierra está ocupada por la compañía azucarera Central Romana. En 2019, presentaron el informe “Flores de dignidad en tierra de sangre”. El texto que envía Fray Miguel Ángel abunda en lo que se denunciaba en aquel informe y lleva como título “Quien obra la verdad se acerca a la luz” del Evangelio de San Juan.

“El pasado 4 de marzo se unieron 35 organizaciones lideradas por la institución norteamericana “Corporate Accountability Lab” para firmar una carta que demuestra al Gobierno de los Estados Unidos de América cómo el Central Romana sigue esclavizando a los braceros que pican la caña de azúcar de sol a sol sin ningún tipo de prestaciones laborales y de salud. A destacar la cantidad de niños que, de forma oculta, cuidan las vacas en los potreros más alejados de la provincia de El Seibo. El 23 de noviembre de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. (CBP) emitió una orden de retención (WRO) contra el azúcar del CR, prohibiendo su importación. Desde entonces nada ha cambiado: sigue el trabajo forzoso e infantil a la vez que pagan a los medios de comunicación para ensalzar sus obras sociales que son financiadas solidariamente por organismos internacionales.

Durante décadas, el gobierno de EE.UU., periodistas y organizaciones de la sociedad civil han documentado ampliamente los graves abusos laborales en bateyes del CR, y estas condiciones persisten. La WRO de la CBP identificó la presencia de cinco de once posibles indicadores de trabajo forzoso: abuso de la vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones de trabajo y de vida abusivas y horas extraordinarias excesivas. La Oficina de Relaciones Laborales del Departamento de Trabajo de EE.UU. (ILAB) ha publicado siete informes periódicos desde 2013 sobre las condiciones de trabajo peligrosas y el abuso sistemático de los derechos laborales en el sector, a raíz de una denuncia condenatoria sobre abusos de los derechos laborales que se presentó en virtud de un mecanismo de acuerdo comercial hace más de una década. Las condiciones en los campos y bateyes son tan terribles que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Interior (HSI) han iniciado una investigación criminal.

Los trabajadores y sus familias que viven en los bateyes en la tierra del Estado ocupada por el CR describieron la continua falta de acceso a agua potable y electricidad, la práctica de obligar a las familias y a los trabajadores mayores no emparentados a cohabitar en viviendas de una o dos habitaciones, la demolición de bateyes enteros sin el consentimiento de las comunidades, la incapacidad de los trabajadores para buscar otro empleo debido a la apatridia y la posibilidad de deportación, las largas horas de trabajo agotador en los campos, las lesiones laborales no compensadas y evitables, y la continua denegación de las prestaciones que se deben a los trabajadores.

En lugar de abordar eficazmente los indicadores de trabajo forzoso, el CR está gastando mucho dinero en presionar a miembros del Congreso y a la administración Biden para que la WRO se modifique prematuramente. En agosto de 2023, Alfonso Fanjul, envió una carta a Chris Dodd, Consejero Presidencial Especial para las Américas, pidiéndole que interviniera ante Biden para que se levantara la WRO. Por otro lado, el CR declaró 422.000 dólares en gastos de lobby pagados a tres bufetes para presionar a funcionarios del gobierno estadounidense para que levantara su sanción: Akin Gump Strauss Hauer & Feld, Patino Brewster & Partners y Barsa Strategies. Así también Florida Crystals Corporation reveló gastos de cabildeo de 1.280.000 dólares. En el mismo tiempo, el Consorcio Azucarero de Empresas Industriales (CAEI), empresa azucarera dominicana, reveló un total de 210.000 dólares en pagos de cabildeo. Este tipo de presión es incompatible con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGPs), que establecen las responsabilidades de las empresas en sus operaciones globales. De hecho, el cabildeo empresarial que puede estar relacionado con repercusiones negativas sobre los derechos humanos es el tema de un informe de julio de 2022 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos cuyo mandato es aplicar los UNGP y el Marco de la ONU para Proteger, Respetar y Remediar. Según el Grupo de Trabajo, ‘cuando las empresas participan en procesos políticos en apoyo de objetivos que son incompatibles con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, y cuando los Estados no regulan suficientemente esa participación, ello puede facilitar abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas’. El Grupo de Trabajo señala que esa participación política puede adoptar formas “como el cabildeo directo e indirecto, las contribuciones a campañas políticas y las prácticas de contratación de puertas giratorias”. Los recursos de los grupos de presión, las relaciones y la experiencia de las empresas no deben influir en la forma en que los mecanismos estatales consideran la responsabilidad potencial por impactos adversos sobre los derechos. Aunque el mandato del CBP es limitado, el proceso de modificación de la WRO ofrece una oportunidad única para remediar el trabajo forzoso. La prueba de que se han abordado los indicadores identificados de trabajo forzoso, incluida la verificación por parte de los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil, debe ser la única vía para la modificación de la WRO.

Por estas razones, siguiendo el evangelio de Juan: ‘Quien obra la verdad se acerca a la luz’, denunciamos ‘a la luz del día la cobardía de la noche’ cuando el CR tumbó las casas de 80 familias el día 26 de enero de 2016 a las 3:00 a.m. en Santa Cruz de El Seibo. La ONU condenó esta violación a la dignidad pues encañonaron con sus armas largas a los niños y niñas, envejecientes y enfermos teniéndolos secuestrados hasta el amanecer. Se pide la restauración de su dignidad entregando una hectárea de tierra y una casa a cada familia vulnerada. Hasta entonces seguirá la lucha para que el CR sea desalojado de estas tierras que deben cumplir la voluntad de Dios manando leche y miel (Ex 3, 17)”.