OMPRESS-MÉXICO (28-03-23) El 20 de junio de 2022 dos jesuitas y un laico eran asesinados en la Iglesia de Cerocahui, en el Estado mexicano de Chihuahua. La Compañía de Jesús, en una carta, ha pedido justicia y que se esclarezcan estos tres asesinatos tras ocho meses porque “la cultura de impunidad amplifica el ciclo de violencia”.

Cerocahui se encuentra en la diócesis de Tarahumara, la única circunscripción eclesiástica considerada territorio de misión en México, y en la que la labor de evangelización de la Compañía de Jesús ha sido decisiva. Ambos jesuitas, ya ancianos, llevaban décadas de labor misionera en esta diócesis del norte de México. En la sierra de Tarahumara como en otras zonas de México se sufren situaciones de violencia extrema debida al crimen organizado. La carta está firmada por los jesuitas de la provincia de México, con el respaldo de todos los de América:

“La Compañía de Jesús México y los jesuitas de toda América nos solidarizamos con la Comunidad Jesuita de Cerocahui, Chihuahua, en su búsqueda de justicia por los asesinatos del P. Javier Campos Morales, SJ y el P. Joaquín César Mora Salazar, SJ, cometidos en su iglesia parroquial, el 20 de junio de 2022, junto con el del laico Pedro Palma. Ese día, el señor Palma fue llevado por un grupo armado al templo de San Francisco para ser ejecutado junto al altar, ahí los padres Javier y Joaquín lo defienden, y son asesinados los tres.

Han pasado ocho meses de esas muertes y no se ha logrado aprehender al responsable. Las autoridades conocen la identidad del autor, responsable también de otros asesinatos: de un profesor estadounidense en 2018 y el cometido contra un activista de derechos humanos en 2019. Por ello, desde 2018, existe una orden de captura activa contra el perpetrador. Es por eso muy grave e inquietante que, a unos meses de los asesinatos de los jesuitas, en Internet circule un vídeo en el que presuntamente aparece ese líder criminal amenazando a los jesuitas y los testigos de los hechos de Cerocahui.

Los jesuitas pedimos a las autoridades mexicanas –unidos en un solo cuerpo– que sin más dilación detengan al autor y garanticen la rendición de cuentas por estos crímenes. La cultura de impunidad amplifica el ciclo de violencia en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua y en todo México. Y esa violencia solo puede cesar si se aplica la justicia y se combate la impunidad. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a adoptar medidas que garanticen la seguridad de las religiosas y sacerdotes que siguen sirviendo a estas comunidades. Hacemos votos para que, con estas medidas, se favorezca la seguridad de estos territorios.

Pedimos a los tres niveles de gobierno crear una mesa de coordinación para alcanzar las condiciones de paz en el municipio de Urique, Chihuahua, lo cual implica fortalecer las instituciones locales, garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, así como una estrategia de seguridad pública de cero impunidad y de protección a los derechos humanos.

Los padres Javier y Joaquín dedicaron sus vidas a servir a las comunidades indígenas y a defender los derechos humanos en una zona acosada por el crimen organizado y la violencia. Su legado de amor servicial se extendió hasta sus últimos momentos: sacrificar sus propias vidas en busca de proteger a otro. Aunque la obra de su vida se vio trágicamente truncada, sus muertes han sido fermento para iluminar el sufrimiento de miles de familias y comunidades afectadas por la violencia y la impunidad en México”.