OMPRESS-NICARAGUA (15-03-23) Según informan diversas agencias internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenaba el cierre de la embajada del Vaticano en Managua. Se trata de un paso más en la persecución a la Iglesia católica en el país, tras la condena a 26 años de prisión de Mons. Rosendo Álvarez, obispo de Matagalpa. Según ha expresado el gobierno nicaragüense en un comunicado, el cierre decretado el 12 de marzo, es una “suspensión” de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, no una ruptura oficial. La medida se ha tomado tras las declaraciones del Papa Francisco sobre la dictadura que sufre Nicaragua al portal de noticias español Infobae.

La tensión entre la Iglesia y la dictadura comenzó con las protestas contra las medidas adoptadas por el régimen en abril de 2018 y la brutal represión que causó casi 300 muertos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comenzó entonces un continuado hostigamiento contra la Iglesia católicas, sus instituciones y congregaciones religiosas, por haber albergado a los manifestantes que huían de la represión en iglesias e instituciones educativas. El año pasado, parecía haber llegado a su clímax la persecución contra la Iglesia con la expulsión del país del Nuncio Apostólico y de 18 religiosas de las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Además, se cerraron numerosos medios de comunicación católicos. Y “se deportó” a ciudadanos nicaragüenses fuera del país, en una utilización extraña del término deportación. De hecho según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en diciembre había en Nicaragua 225 presos políticos, a menudo en condiciones deplorables.

El 2023 continuó la escalada de ataques a la Iglesia católica, y este pasado febrero, en contra de las disposiciones del derecho internacional que consideran que la nacionalidad es uno de los principales derechos humanos, el gobierno quitó la ciudadanía y desterró-deportó a cinco sacerdotes, un diácono y dos seminaristas. Aún permanecen encarcelados otros dos sacerdotes. Y, finalmente, tenía lugar la condena a 26 años de cárcel a Mons. Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. El obispo llevaba en arresto desde agosto de 2022, al negarse a abandonar su propio país, junto al resto de presos políticos nicaragüenses “deportados” a Estados Unidos. En 2018 Mons. Álvarez había formado parte de la comisión de diálogo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que buscaba mediar entre el gobierno y los opositores a las políticas ejercidas en el país por el matrimonio Ortega. El obispo había denunciado los abusos a los derechos humanos en Nicaragua, por las medidas de la dictadura contra la disidencia, la manipulación de elecciones a su favor y el cierre de medios de comunicación independientes.