OMPRESS-FILIPINAS (4-06-20) Critican una ley aprobada el 29 de mayo, que dado el historial del gobierno filipino, es muy posible que se use para sofocar la disidencia y los derechos a la libertad de expresión y asociación y para detenciones arbitrarias. La Asociación de Superiores Religiosos de Filipinas (AMRSP), que integra a las Superioras y Superiores de las congregaciones femeninas y masculinas establecidas en el archipiélago, hacían pública una declaración que pone en duda la oportunidad y el contenido de esta ley antiterrorista.

La AMRSP siempre ha estado a la vanguardia en la defensa de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Filipinas. Fundada en 1972, en aquellos años en los que imperaba la Ley Marcial, las congregaciones abrieron sus seminarios y casas, como santuarios para innumerables víctimas de derechos humanos. Por eso, al aprobarse la “Ley para prevenir, prohibir y penalizar el terrorismo, por lo que se deroga la Ley de la República Número 9372”, explican que no les da mucha confianza el historial de la administración actual a la hora “de tomar medidas enérgicas contra cualquier disidencia percibida (lo que se ha hecho todavía más evidente en la represión contra ciertos grupos e incluso personas que publicaron críticas en las redes sociales sobre cómo el gobierno está manejando la crisis actual)”, por lo que esta ley podrá usarse “para sofocar la disidencia y restringir los derechos a la libertad de expresión, para organizar y formar asociaciones, para reunirse pacíficamente”.

“El terrorismo no es nuestra preocupación inmediata”, añadían. “La salud, la seguridad y el bienestar de las personas deberían ser los primeros puntos de nuestra agenda”. Estas son las preocupaciones urgentes que debemos aborda, explicaban los superiores religiosos. “Si bien estamos de acuerdo en que los actos de violencia han devastado nuestra amada tierra, causando la lamentable pérdida de vidas de muchas de nuestras hermanas y hermanos, y otros efectos de tales actos adversos, creemos firmemente que, solo a través de los esfuerzos para la resolución pacífica de los conflictos, abordando las causas profundas de tales actos violentos de manera integral, y no solo militarmente, se responderá verdaderamente a las raíces de la violencia que azota nuestra tierra”.

Acusan al gobierno de haber hecho oídos sordos a los gritos que pedían “pruebas masivas, ayuda a los más vulnerables y más pobres de los pobres, protección para nuestros trabajadores sanitarios y un plan integral para abordar este problema de salud pública sin medidas draconianas que restrinjan los derechos y libertades fundamentales”.

A los religiosos les preocupa, sobre todo, “la definición amplia y vaga de terrorismo y terrorista”, porque con una definición tan amplia como la contenida en la ley, se está abriendo la puerta al abuso y al mal uso: “somos testigos de los incesantes ataques contra el derecho a la vida a través de ejecuciones extrajudiciales, contra el derecho a no ser sometido a tortura, malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, contra el derecho a la información y el derecho a asociarse. Incluso ahora, las organizaciones e individuos críticos con la política del gobierno han sido etiquetados y sometidos a acoso y vilipendio en línea y fuera de línea. Este proyecto de ley solo exacerbará la muy precaria situación de los derechos humanos”.

Mostraban también su perplejidad ante el hecho de que se haya el aislamiento en casi todo menos en el caso de la actividad de las iglesias, a las que sólo pueden acudir 10 personas: “Si podemos abrir negocios y centros comerciales donde seguramente pueden tener lugar reuniones y contactos masivos, ¿por qué no podemos abrir las iglesias para que nuestra gente pueda encontrar consuelo y participar del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Nuestra gente necesita esperanza y nuestra fe renueva esa esperanza incluso en estos tiempos difíciles”.