OMPRESS-ROMA (25-10-19) “Como Pastoral de la tierra, desde hace muchos años nos encargamos de acompañar a las poblaciones regionales en la solución de la problemática ambiental y territorial que sufren ya que se ha puesto de moda la ocupación arbitraria de los territorios de las comunidades que allí habitan”, cuenta a Vatican News Lucero Guillén, misionera seglar de la Asociación Misioneros de Jesús, que trabaja en el vicariato apostólico de Yurimaguas, Perú. Y es que Yurimaguas es uno de los 13 ejemplos de vulneración de los derechos humanos del informe presentado esta semana en Roma, en el marco del Sínodo para la Amazonia.

El “Informe Regional de vulneración de Derechos Humanos en la Panamazonía” recoge 13 casos de violación sistemática de los derechos humanos de diferentes pueblos indígenas, comunidades campesinas y ribereñas de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. La lucha de estas comunidades por alcanzar una vida digna y cuidar la casa común, explica el informe, “ha sido larga, dolorosa y frustrante. Sin embargo, gracias al apoyo de organizaciones comprometidas, aliadas y vinculadas a la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) ha sido posible recoger sus demandas, propuestas y llevarlas al más alto para demandar respeto a sus derechos y dignidad como seres humanos”.

La Amazonía es uno de los territorios más biodiversos del planeta con una extensión de 5.5 millones de kilómetros cuadrados, hogar de 33 millones de personas, 380 pueblos indígenas, 140 pueblos en aislamiento voluntario y en la que se hablan 240 lenguas maternas. La Panamazonía atraviesa 9 países Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Surinam, Guyana, Guyana Francesa y Bolivia. La riqueza de esta región llevó a que en diversos momentos de la historia intereses militares, comerciales e industriales se disputaran el control de los recursos naturales, desplazando, aniquilando o sometiendo a la servidumbre a enormes poblaciones ancestrales. Primero fueron el caucho, la castaña y el oro y después la actualidad proyectos mineros que contaminan el entorno natural, alteran la paz social de los pueblos y provocan pérdidas irreparables de las culturas amazónicas.

El informe no se queda en la denuncia y presenta una lista de propuestas encabezada por la más obvia: el respeto y asunción de los tratados internacionales firmados y ratificados por todos los países de esta región, que en muchos casos han quedado en simples deseos. La última de las 15 propuestas es simple: devolver las tierras a quienes se las han quitado.

En septiembre, el CIMI, el Congreso Indigenista Misionero, había presentado otro informe sobre los casos de violencia contra los pueblos indígenas. Sólo en los primeros nuevos meses de 2019, en la zona que afecta a Brasil, había habido 160 de invasiones de tierras indígenas. En 2018, hubo 135 asesinatos de indígenas, 25 más que en 2017, de ahí que uno de los capítulos del informe llevaba como título: “Violencia por omisión del poder público”.