OMPRESS-EL SALVADOR (17-06-22) “Un estado fuera de toda legalidad, que vigila, amenaza y hostiga” así calificaba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de Nicaragua. Los obispos de Centroamérica han expresado su apoyo a la Iglesia en el país, objetivo de ataques por su defensa de estos derechos.

En un comunicado hecho público ayer, día del Corpus Christi, los obispos del Secretariado Episcopal de América Central, que tiene su sede en El Salvador, decían que escuchan “el clamor del pueblo nicaragüense y nos apena la situación social, económica y política provocándole dolor y sufrimiento”. Expresaban además su solidaridad “con todos los obispos, sacerdotes, comunidades religiosas y laicos de ese país hermano que afanosamente trabajan por la Viña del Señor, a pesar de las dificultades y pruebas que encuentran en su camino”. Recuerdan en su comunicado que la Iglesia “a lo largo de cinco siglos ha velado con amor” por el pueblo de Nicaragua. “La sangre de Monseñor Antonio de Valdivieso, derramada en 1550 en defensa de los derechos de las víctimas del sistema del gobierno colonial, es testimonio de ello”, añadían refiriéndose al conocido como “protomártir de América”, el obispo misionero burgalés, primer obispo de Nicaragua, asesinado por su defensa de los indígenas.

Manifestaban su apoyo a Mons. Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y Administrador Apostólico de la Diócesis de Estelí; y al sacerdote Harving Padilla, párroco de la Parroquia San Juan Bautista de la Ciudad de Masaya, en quienes se ha centrado de manera especial el gobierno de Nicaragua.

Por su parte la Compañía de Jesús en Centroamérica informaba también ayer de la clausura del canal 51 de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y que ha pasado a ser “administrado por la sociedad Celeste Audiovisual, que administra canal 13 y es dirigido por dos hijos de la pareja presidencial”. Y denunciaban que con el canal 51, “la dictadura Ortega-Murillo ahora controla seis canales de televisión”. También recordaban que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalló en su informe anual 2021 que la actual crisis de derechos humanos en Nicaragua “continúa profundizándose con impunidad, que persiste cuatro años después de la represión del Estado que causó la muerte de 355 personas en el marco de las protestas ciudadanas. Según la CIDH esa profundización tiene su base en un estado fuera de toda legalidad, que vigila, amenaza y hostiga, además del debilitamiento de las instituciones en aras de la concentración del poder”.